Legisladores del oficialismo y la oposición exigieron que se haga efectiva la disposición emitida contra el expresidente dentro de la investigación por los 53 días de bloqueos de carreteras.
La nueva orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales, en el marco de la investigación por los 53 días de bloqueos de carreteras, generó reacciones en la Asamblea Legislativa, donde parlamentarios de distintas fuerzas políticas demandaron a la Fiscalía y a la Policía ejecutar el mandamiento fiscal.
La disposición fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y ordena la aprehensión y conducción de Morales ante la unidad policial especializada, dentro del proceso iniciado tras la denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los bloqueos que afectaron diferentes regiones del país.
El exmandatario es investigado por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
La diputada Ximena Arispe pidió que las instituciones encargadas del proceso actúen para hacer cumplir la orden.
«Ya deben actuar el Ministerio de Justicia, la Policía y la Fiscalía. Este señor ya tiene que estar preso porque durante 53 días le hizo daño al país y los bolivianos siguen sufriendo las consecuencias«, afirmó.
Desde la oposición también solicitaron que se ejecute la disposición y plantearon evaluar mecanismos alternativos si persisten dificultades para ingresar al Trópico de Cochabamba.
«No podemos dejar que un exmandatario siga esquivando determinaciones judiciales. Si no existen las condiciones para ingresar al Trópico, deben tomarse otras medidas para hacer efectiva esta aprehensión«, señaló la diputada Adriana Jiménez.
La nueva orden fue emitida después de que Evo Morales reapareciera públicamente en el municipio de Shinahota, en Cochabamba, donde participó en una actividad política pese al proceso que enfrenta por los bloqueos que, según la investigación, provocaron perjuicios económicos y afectaciones a distintos servicios en el país.
