Representantes de cuatro provincias del norte de Santa Cruz se declararon en estado de emergencia y dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para derogar el Decreto Supremo 5676. Advirtieron que, si no reciben una respuesta favorable, asumirán movilizaciones.

El rechazo al Decreto Supremo 5676 comienza a generar presión en el norte cruceño. Productores, sindicatos agrarios, asociaciones, autoridades municipales y dirigentes de cuatro provincias se reunieron en un ampliado de emergencia y determinaron dar un plazo de 48 horas al Gobierno para anular la norma.

La resolución fue aprobada tras el encuentro que reunió a representantes de distintos sectores productivos de la región. La principal exigencia es la derogación inmediata del decreto que establece un nuevo sistema de comercialización del diésel para determinados consumidores.

Los sectores advirtieron que, si el Gobierno no atiende su demanda dentro del plazo establecido, avanzarán con nuevas medidas de presión.

“Como primer punto, exigimos la derogación del Decreto 5676, dando plazo de 48 horas. Como segundo punto, en caso de incumplimiento, nos declaramos en estado de emergencia”, señala la determinación asumida por los participantes del ampliado.

El alcalde de San Pedro, David Martishev, respaldó la postura y pidió que el reclamo sea asumido por todos los productores, independientemente de su tamaño o posición política.

Según manifestó, la preocupación por el nuevo esquema de comercialización del combustible responde directamente a las necesidades del sector productivo.

“Aquí no lo queremos como parte política. Aquí es una necesidad de todos los productores, pequeños, medianos y grandes”, sostuvo.

El DS 5676, promulgado el 17 de agosto, fija un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para determinadas categorías de compradores y establece un nuevo esquema de venta para los considerados usuarios de mayor consumo.

La norma alcanza a usuarios directos que adquieren entre 120 y 5.000 litros mensuales en estaciones de servicio; clientes directos que compran entre 5.000 y 19.999 litros al mes en plantas de almacenaje; y grandes consumidores que adquieren 20.000 litros o más desde esas instalaciones.

Para estos sectores, el decreto elimina la subvención y permite que YPFB comercialice el combustible bajo un precio variable vinculado al mercado.

Ahora, las organizaciones del norte cruceño esperan una respuesta del Ejecutivo. El plazo ya está en marcha y, si no se concreta la derogación del decreto, los productores y autoridades anticipan que podrían pasar de la declaratoria de emergencia a las movilizaciones.