– Un primer intento fallido de ajustar los precios fue el año 2010. La crisis que no se controló a tiempo por cálculos políticos se expresa ahora con rigor.

– La importación de combustibles es cada vez mayor e insostenible para las finanzas públicas y la disponibilidad de dólares, con mercados negros y contrabando.

– El ajuste es una necesidad; pero debe ir simultáneamente acompañado de políticas sociales para proteger a los sectores más pobres.

Desde el año 2005 y hasta el 2025, Bolivia vivió una fantasía de precios subvencionados, aunque con un intento de despertar en diciembre de 2010, cuando el Gobierno de entonces intentó un primer ajuste que, si bien fue rechazado por la población e implicó un retroceso en la medida, significó también sumir al país en una crisis energética previsible que llegaría trece años después.

Transcurridas dos décadas de precios fijos, y ante la caída en la producción nacional de hidrocarburos líquidos de -63% iniciada el año 2015, el país importa 95 % del diésel y 60 % de la gasolina que se consume en el mercado interno. Esto hizo al país vulnerable de la geopolítica internacional que determina los precios de estos energéticos en el mundo, así como a la disponibilidad de dólares en la economía para poderlos adquirir en los mercados internacionales.

Ante esta crítica situación estructural es importante considerar:

• Un país que desde hace cuatro años se ha convertido en un importador neto de hidrocarburos no puede darse el lujo de sostener una subvención ciega (que no distingue a quién la necesita de quién no) a estos energéticos de forma indefinida.

• Es importante recordar que la subvención ciega a los hidrocarburos vigente en el país por 20 años distorsionó todo el sistema de precios en la economía, generó un costo fiscal, energético y económico insostenible para el país.

• Cualquier ajuste a los precios de la gasolina y diésel en función del precio internacional debe estar acompañando simultáneamente con políticas sociales focalizadas en la población más vulnerable que verá afectada su economía; pero sin utilizar el precio como instrumento de ayuda, porque así solo serviría para incentivar el contrabando y los mercados negros que han proliferado en el país.

El mantener precios fijos para los combustibles genera una enorme distorsión en la economía porque:

• Incentiva mercados negros y contrabando, debido a que quienes compran barato en el mercado interno comercializan más caro en la frontera, lo que genera pobreza energética en la población, ya que no puede acceder a los energéticos que consume de manera oportuna y suficiente.

• Ocasionan un elevado costo fiscal ya que el Estado debe cubrir la diferencia entre el precio internacional al que compra combustibles y el precio al cual los comercializa en el mercado interno.

• Implican un sacrificio económico, ya que YPFB o las empresas privadas requieren dólares (escasos en la economía nacional) para la compra de combustible que se ve distorsionada por una sobredemanda de diésel o gasolina que en gran medida terminan siendo destinados al contrabando.

Si bien el Gobierno nacional promulgó el D. S. 5644, en julio de este año, permitiendo la importación de combustibles a actores privados y comercializarlos a precios de mercado, ello no ha sido suficiente debido a que se estableció que la empresa petrolera estatal YPFB iba a continuar vendiendo diésel y gasolina a los precios que se fijaron en enero de este año que se encuentran muy por debajo de los precios del mercado regional.

En este marco, el Gobierno nacional ahora promulga el D. S. 5676, que indica que el precio del diésel en el mercado interno será establecido con base en un precio referencial que será publicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), basado en una metodología que será emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, fijando un precio de manera temporal de Bs 18 por litro para usuarios directos y grandes consumidores.

Al respecto, es importante mencionar que:

a) El precio diferenciado aplica a usuarios directos (consumidores entre 120 y 5.000 litros al mes) y Grandes Consumidores (GRACOS) que ya venían pagando precios superiores en el mercado negro y que ahora podrán pagar un precio real en el mercado nacional (D. S. 5644, art. 4).

b) Establece un precio referenciado al precio internacional, lo que genera un incentivo a la inversión privada para la importación y comercialización de combustibles.

c) Sin embargo, genera el riesgo para la proliferación de mercados negros y contrabando por parte de consumidores pequeños que continuarán comprando diésel a precio subvencionado de 9,8 bolivianos el litro y se verán incentivados a venderlo a un precio mayor a grandes consumidores o destinarlo al contrabando en la frontera.

d) Si bien Bolivia ha vivido una fantasía de precios fijos y subvencionados por 20 años debido a la irresponsabilidad de quienes gobernaron en ese periodo y se negaron a realizar ajustes graduales oportunamente, Fundación Jubileo considera que el sinceramiento de precios de la gasolina, diésel –y también a futuro del gas natural–, es necesario; pero debe estar imprescindible y simultáneamente acompañado de políticas sociales focalizadas en la población más vulnerable que verá su economía afectada por el ajuste en el sistema de precios de toda la economía.

e) Comprendemos que el ajuste de precios a los hidrocarburos tendrá un impacto en los bienes y servicios que se tranzan en toda la economía; por ello,es de suma importancia la articulación con políticas tributarias, fiscales y sociales entre los órganosEjecutivo y Legislativo, además de gobernaciones y municipios, a fin de aminorar los efectos en la economía de la población.