El ministro de Obras Públicas señaló a funcionarios, cisterneros y propietarios de estaciones de servicio como parte de las “mafias” que, según la intervención a YPFB, desvían carburantes destinados al mercado interno. La investigación también detectó ventas anticipadas, facturación de combustible no ingresado al país y asignaciones sin criterios objetivos.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció la existencia de una presunta red irregular vinculada a las operaciones de distribución de combustibles y aseguró que estaría integrada por funcionarios de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de algunos cisterneros y propietarios de estaciones de servicio.

Durante un informe sobre la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la autoridad sostuvo que estas estructuras habrían desviado carburantes destinados al abastecimiento de la población y advirtió que los responsables deberán responder ante la justicia.

Zamora señaló que la intervención tiene tres objetivos principales: garantizar el suministro de combustibles, desarticular las redes que operan de manera irregular y plantear soluciones estructurales para el sector.

En ese marco, también cuestionó la subvención a los carburantes y consideró que su continuidad debe ser discutida con la población. Al mismo tiempo, afirmó que Bolivia no puede mantener indefinidamente la dependencia de la importación de combustibles para sostener su economía.

Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que durante la intervención se detectaron varias irregularidades en los sistemas de comercialización y asignación de carburantes.

Entre los hallazgos mencionó ventas anticipadas y facturación de combustible que todavía no había ingresado al territorio nacional. También se identificaron asignaciones realizadas sin parámetros objetivos, modificaciones posteriores en las tablas de control y la intervención de usuarios externos que habrían influido en la asignación de despachos para favorecer a determinados compradores y proveedores.

García cuestionó además que los sistemas informáticos de YPFB no contaran con mecanismos de alerta capaces de detectar oportunamente estas inconsistencias.

La comisión interventora continuará con la revisión de los procedimientos y sistemas de la petrolera estatal para establecer el alcance de las irregularidades y determinar responsabilidades.