El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, propuso someter a referéndum una eventual ley antibloqueos para que la población decida sobre su aplicación. A su criterio, una consulta centrada exclusivamente en esta temática podría otorgar mayor legitimidad a la norma.
El legislador sostuvo que el rechazo a los bloqueos de caminos aumentó por los perjuicios económicos que ocasionan, especialmente a las personas y sectores que dependen de sus ingresos diarios. Considera que la medida de presión se utiliza en ocasiones para responder a intereses políticos o de determinados grupos.
Como respaldo a su planteamiento, Alarcón mencionó un sondeo digital realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) entre el 7 y el 10 de septiembre, que recibió 1.362 respuestas. Según indicó, el 95% de los participantes respondió afirmativamente a la pregunta sobre si apoyaría la aprobación urgente de una ley antibloqueos.
Sin embargo, el diputado reconoció que se trata de un sondeo y no de una encuesta. A partir de esos resultados, estimó que una consulta popular podría registrar más del 50% o incluso el 60% de votos favorables, aunque esa proyección no constituye un resultado electoral comprobado.
Alarcón afirmó que el bloqueo de caminos perdió su sentido original como mecanismo de protesta y que, en determinados casos, se utiliza sin considerar sus consecuencias para el conjunto de la población. A su juicio, el abuso de esta medida ha contribuido a desdibujar los límites entre el ejercicio de la protesta y la comisión de delitos.
El planteamiento abre el debate sobre una eventual regulación de los bloqueos, sus efectos sobre la libre circulación y la actividad económica, y la necesidad de establecer límites que también consideren el derecho a la protesta.
