El Gobierno entregó el reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida, con el objetivo de garantizar la asistencia estatal a quienes perdieron a sus madres a causa de la violencia feminicida.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, Jessica Echeverría, anunció que la primera tarea será elaborar un registro nacional de niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad desde la promulgación de la Ley 348. El relevamiento permitirá identificar a los beneficiarios, conocer sus necesidades y activar las medidas de protección previstas.
Entre los beneficios establecidos figura un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente. También se incluye un paquete alimentario para menores de cinco años, equivalente al 20% del subsidio de lactancia, atención gratuita en salud, permanencia en el sistema educativo y prioridad para acceder a becas en universidades e institutos privados.
El reglamento contempla, además, acompañamiento psicológico y seguimiento de las condiciones de vida de los beneficiarios. Para cumplir estas tareas, se prevé la conformación de equipos multidisciplinarios y móviles en los departamentos, junto con mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la atención.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2020 y julio de 2026 se reportaron 536 hijas e hijos huérfanos por feminicidio. Sin embargo, la cifra no representa necesariamente el total de afectados, debido a la falta de un registro nacional completo.
Durante el acto realizado en la Casa del Pueblo, el defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, señaló que el siguiente desafío será garantizar la aplicación efectiva de las medidas, identificar a todas las víctimas y asignar los recursos necesarios para cumplir la norma.
La entrega del reglamento también contó con la participación de familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales que impulsaron la Ley 1680. Echeverría remarcó que la finalidad no se limita a la compensación económica, sino que busca restituir derechos y ofrecer condiciones de protección, cuidado y desarrollo a niñas, niños y adolescentes afectados por estos hechos.
