El primer año de gestión legislativa del gobierno de Rodrigo Paz concluye sin la aprobación de las principales leyes estructurales anunciadas por el Ejecutivo para transformar el modelo económico y estatal. Aunque la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó 89 normas, las reformas en sectores estratégicos como inversiones, hidrocarburos y minería quedaron pendientes.
Uno de los principales proyectos, la Ley de Inversiones, fue remitido a la Cámara de Diputados el 11 de agosto bajo la numeración 684/25, pero recibió observaciones y fue devuelto al Ejecutivo. La propuesta, que contempla 103 artículos, generó cuestionamientos por los mecanismos de resolución de controversias con inversionistas extranjeros y la creación de una agencia de inversiones y alianzas público-privadas.
El presidente Paz había anunciado en mayo un paquete de reformas que incluía nuevas normativas para hidrocarburos, minería, electricidad, economía verde, inversiones y seguridad nacional. Sin embargo, durante el primer año legislativo no se concretó el tratamiento de esas iniciativas. El Ejecutivo ahora prepara una nueva versión de la Ley de Inversiones y anticipa el envío de los proyectos de hidrocarburos y minería.
El balance también refleja diferencias entre oficialismo y oposición sobre las responsabilidades por la demora. Mientras legisladores opositores cuestionan la falta de avances, desde el oficialismo sostienen que existen condiciones para impulsar los cambios. El presidente reelecto del Senado, Diego Ávila, anticipó que 2027 será el año de consolidación de la reforma constitucional.
Según el recuento basado en la Gaceta Oficial, de las 89 leyes promulgadas entre el 13 de noviembre de 2025 y el 30 de octubre de 2026, 20 corresponden a normas de alcance nacional, 16 a créditos y financiamiento internacional, 29 a declaratorias conmemorativas o patrimoniales y 24 a asuntos regionales.
En contraste con las reformas pendientes, la Asamblea sí avanzó en la aprobación de financiamiento externo. Entre las normas sancionadas figura la Ley 1778, que autoriza un crédito de 200 millones de dólares del Banco Mundial destinado a programas de protección social, incluido el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II) y la asistencia a huérfanos de feminicidio.
El exsenador y politólogo Carlos Börth atribuyó la lentitud legislativa a las dificultades institucionales y la falta de consensos políticos. Consideró que el Parlamento debe convertirse en un espacio de concertación para viabilizar las transformaciones que requiere el país, mientras el Gobierno anuncia que retomará su agenda de reformas en los próximos meses.
