La Cámara de Senadores sancionó este miércoles el proyecto de ley que aprueba el Convenio de Préstamo 9927-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, por hasta $us 200,5 millones para el Proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia.
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, solicitó el tratamiento del proyecto de ley por dispensación de trámite, lo que permitió que la iniciativa ingresara directamente a consideración del pleno.
Durante el tratamiento, el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, se presentó ante el pleno para explicar el alcance del financiamiento y responder las consultas de los legisladores. Del total, $us 192 millones se destinarán a transferencias económicas vinculadas al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y otros programas sociales, mientras que $us 8 millones financiarán el fortalecimiento del sistema de protección social y la gestión del proyecto.
Navarro informó que el PEPE habilitó a más de 2,3 millones de personas y alcanzó al 95% de los beneficiarios habilitados. Según los datos expuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre enero y el 5 de octubre de 2026 se registraron 2.210.628 pagos por Bs 1.668,5 millones. El programa contempla a sectores como adultos mayores sin renta de jubilación, familias con estudiantes del sistema educativo fiscal, beneficiarias del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y personas no videntes.
El segundo componente apunta a construir un registro integrado de beneficiarios, con información interconectada y actualizada que permita identificar mejor a los hogares en situación de vulnerabilidad y orientar la atención estatal. Navarro explicó que esta herramienta facilitará la respuesta de los distintos niveles de gobierno ante situaciones adversas, al contar con información que ayude a identificar a las familias que requieren apoyo.
El convenio establece un plazo de 23 años, incluidos 14 años de gracia, y un periodo de desembolso de cuatro años. Además, la ley dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informe semestralmente, de manera oral y escrita, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, con documentación de respaldo sobre el uso, destino y ejecución de los recursos. El repago del crédito estará a cargo del Tesoro General de la Nación.
