La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) aseguró que no busca paralizar las operaciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), sino cobrar una multa judicial de Bs 744,3 millones mediante la retención de sus dividendos y utilidades, sin afectar su actividad industrial.
El asesor jurídico externo de Fancesa, Paul Tolavi, explicó que la empresa solicitó un embargo mercantil destinado exclusivamente a las ganancias de Soboce, en cumplimiento de una sentencia por competencia desleal. Según indicó, la medida no contempla la retención de cuentas bancarias, el embargo de activos específicos ni la interrupción de la producción o comercialización de cemento.
La defensa de Fancesa también solicitó la designación de un interventor con funciones exclusivamente recaudadoras, sin atribuciones administrativas sobre Soboce. El objetivo, según Tolavi, es ejecutar el cobro sin alterar la gestión interna de la cementera ni sus compromisos con trabajadores, proveedores y acreedores.
El caso generó preocupación entre las comunidades aymaras Asunción Catavi y Catavi, del municipio de Pucarani, que presentaron una acción popular ante el temor de que la medida judicial afecte sus fuentes de trabajo. Ambas comunidades, mediante la Cooperativa Multiactiva Catavi R.L., suministran alrededor de 540.000 toneladas métricas de piedra caliza al año a la planta de Soboce en Viacha.
Tolavi afirmó que el embargo no afectará la extracción de materia prima ni los pagos a los propietarios y cooperativistas vinculados a las áreas mineras San Calixto y La Marmolera. También rechazó que la medida comprometa la continuidad de la cadena de provisión industrial.
Respecto a la acción popular, Fancesa sostiene que un litigio comercial entre empresas no debe paralizarse por esa vía y cuestiona los argumentos presentados por las comunidades. La representación jurídica de la cementera anunció que defenderá la ejecución de la sentencia ante la Sala Constitucional Primera de La Paz, en la audiencia prevista para este jueves.
