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Irma Villavicencio asume la presidencia del Tribunal de Justicia de Santa Cruz tras la renuncia de Quezada

La nueva titular reemplaza a Aldo Quezada, quien dejó la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia y su cargo de vocal de la Sala Constitucional Segunda. Su renuncia se conoció después de que Estados Unidos lo incluyera en una lista de ciudadanos bolivianos sujetos a restricciones de visa.

Irma Villavicencio asume la presidencia del Tribunal de Justicia de Santa Cruz tras la renuncia de Quezada
Nacional · Encontrados con Gonzalo Rivera

Irma Villavicencio Suárez asumió la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, tras la renuncia irrevocable de Aldo Ismael Quezada Cerruti, quien dejó tanto la titularidad de esa instancia como su puesto de vocal de la Sala Constitucional Segunda.

La dimisión de Quezada fue comunicada a la Sala Plena mediante una carta fechada el jueves 22 de octubre. Su salida se produjo después de que su nombre apareciera en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos con ciudadanos bolivianos sujetos a restricciones de visa.

Villavicencio cuenta con una amplia formación académica en el ámbito jurídico. Es abogada, tiene un doctorado en Derecho con mención en Sistema Jurídico Plural y una maestría en Administración de Justicia, además de diplomados y especializaciones en distintas áreas del derecho.

Su trayectoria incluye funciones como vocal, jueza de Partido en lo Civil y Comercial, jueza de Instrucción, secretaria de juzgado y actuaria del Juzgado de Instrucción de Familia del TDJ cruceño. También ejerció como notaria de fe pública y publicó artículos relacionados con la administración de justicia y el pluralismo jurídico.

Con su designación, Villavicencio queda al frente de la instancia judicial departamental en un contexto marcado por la salida de su antecesor y las repercusiones de las restricciones migratorias anunciadas por Estados Unidos.

La inclusión de Quezada en una lista de personas sujetas a restricciones de visa no constituye, por sí misma, una sentencia penal ni determina responsabilidad judicial en Bolivia. Cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.

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